Entrevista a Francesc Boya Alós, Reto Demográfico

15.06.2026

Hoy tenemos el placer de presentaros a Francesc Boya Alós, Secretario General para el Reto Demográfico en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde la perspectiva del Reto Demográfico, ¿qué modelo alternativo de equilibrio territorial se defiende frente a la tradicional macrocefalia urbana de las grandes capitales?

FBA: Apostamos por un modelo de cohesión territorial que garantice oportunidades y servicios en todo el territorio. Esta propuesta responde a una situación de desequilibrio demográfico: nueve de cada diez ciudadanos viven en solo el 3 % del territorio nacional. Provincias como Madrid o Barcelona superan los 750 habitantes por km², mientras que Soria o Teruel tienen menos de 10 habitantes por km².

Por lo tanto, nuestra visión está en fortalecer los pequeños municipios y las zonas rurales, combatiendo la despoblación y garantizando el derecho a permanecer. El objetivo es que nadie se vea obligado a abandonar su territorio de origen por falta de empleo, servicios o expectativas de futuro.

En definitiva, proponemos un modelo de desarrollo, donde el futuro y las oportunidades estén presentes en todos los pueblos y territorios del país, se asegure el bienestar y la libertad de residencia para todas las personas.

¿Cómo se adapta la planificación territorial a zonas con menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado? ¿Hacen falta leyes de suelo específicas para el medio rural?

FBA: La política vinculada al reto demográfico y la dinamización del medio rural se ha consolidado en los últimos años, no solo desde la perspectiva del Gobierno, sino también desde las comunidades autónomas que han adoptado leyes y estrategias regionales. Ahora vamos a dar un salto en la política pública de país con la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, que presentamos en febrero de este año con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se elevará en breve al Consejo de Ministros.

El documento es una hoja de ruta que da continuidad y coherencia al conjunto de políticas públicas destinadas a garantizar el desarrollo equilibrado de todos los territorios en España, abordando las desigualdades y desafíos demográficos desde un enfoque integral. Busca facilitar el derecho a decidir dónde vivir y mejorar la funcionalidad del territorio a partir de la garantía de proximidad a los servicios públicos.

El Plan de 130 Medidas cuenta con una financiación histórica, pero los alcaldes de pequeños municipios denuncian que la asfixia burocrática bloquea las ayudas. ¿Cómo se está logrando que ese dinero llegue realmente a transformar el espacio urbano y los servicios de los municipios que más lo necesitan?

FBA: El Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se convirtió en la estrategia transversal del Gobierno de España para combatir la despoblación, reducir la brecha urbano-rural y fijar población en el entorno rural, especialmente en municipios de menos de 5.000 habitantes. Alineado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se tradujo en 130 actuaciones y 10 ejes de acción orientados hacia la igualdad de oportunidades y la vertebración territorial, mediante la movilización de más de 13.000 millones de euros entre 2021 y 2024.

El MITECO, además, ha puesto en marcha medidas de apoyo al medio rural, como los programas DUS 5000 y PREE 5000, el impulso a las comunidades energéticas locales, la bioeconomía o los proyectos de saneamiento, depuración y abastecimiento de agua en pequeños municipios, con una dotación conjunta de más de 1.200 millones de euros.

Otro ejemplo de cómo la financiación ha llegado a transformar los territorios está en las convocatorias de ayudas para la reactivación social y económica de zonas con problemas de despoblación. Estas convocatorias desde 2022 han posibilitado la ejecución más de 700 proyectos, por un importe total de 69,8 millones de euros. Estamos a la espera de la resolución de la convocatoria de 2025 y para este año duplicamos la cuantía dedicada a las entidades locales: de 40 millones a 80.

La Secretaría impulsa el concepto de «el país de los 30 minutos» para garantizar el acceso a servicios básicos. Desde el punto de vista de la movilidad y el urbanismo comarcal, ¿cómo se rediseña el mapa de infraestructuras para cumplir esta promesa en las zonas de mayor dispersión geográfica?

FBA: El Plan País de los 30 minutos que acompaña a la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico introduce un concepto clave: la funcionalidad de los territorios.

Las políticas públicas deben conectar e integrar el territorio, garantizar su funcionalidad, el acceso a servicios e infraestructuras, aumentar las oportunidades de desarrollo económico y social y favorecer la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.

Para lograr la funcionalidad se requiere del diseño y puesta en marcha de mecanismos que doten a la administración y sus proyectos de escalabilidad territorial, de manera que las figuras administrativas puedan cooperar y dar respuesta a las necesidades de las áreas funcionales: territorios con distancias de no más de 30-35 minutos con capacidad de acceso a servicios e infraestructuras básicos para la vida cotidiana.

¿Cómo equilibrar la necesidad estatal de energías renovables con la protección del paisaje rural para evitar el llamado «colonialismo energético»?

FBA: La transición energética y la cohesión territorial son políticas estrechamente ligadas. La incorporación de energías renovables y la aparición de comunidades energéticas locales representan un ámbito de oportunidades en el medio rural, además de impulsar el desarrollo endógeno, la atracción de talento, la creación de empleo de calidad y la diversificación económica adaptada a las singularidades de cada territorio.

Ahora bien, no es lo mismo que la energía fluya desde el territorio hacia afuera, que el territorio sea también consumidor, gestor y propietario —al menos parcial— del recurso que tiene en su entorno. Por ello, en el Real Decreto Ley 7/2026 se he dado un paso más en la integración territorial de las energías renovables, priorizando proyectos en zonas de bajo impacto y fomentando el valor socioeconómico local.

El RDL establece la obligación para las grandes instalaciones de trasladar beneficios a los territorios próximos, más allá del cumplimiento de las obligaciones fiscales o de cotización. También introduce los llamados proyectos de excelencia social y territorial que son aquellos que acreditan un elevado nivel de implicación, impacto socioeconómico positivo y excelencia ambiental en su diseño y operación.

Para la Secretaría, la conectividad es un servicio básico equivalente al agua o las carreteras. ¿Cuánto se ha avanzado en conectividad digital en zonas rurales?

FBA: En 2018 la principal demanda de nuestros pueblos era cómo disponer de internet y de cobertura móvil. En cambio, las cifras de 2025 registran que la cobertura móvil 5G global alcanza prácticamente a la totalidad del país: el 99,27% de la población y en las zonas rurales es el 96,13%. La brecha digital entre el entorno rural y el conjunto nacional se reduce a un mínimo histórico de 3 puntos porcentuales.

También son positivos los números de conectividad fija que llega al 86% y del 5G con tecnología Stand Alone (SA) que en las zonas rurales ha crecido desde el 12,39 % en 2024 al 91,22% en 2025. Aunque se ha logrado avances significativos, queremos reducir aún más la brecha. La dotación de infraestructura digital es un factor esencial en la política de reto demográfico que, unida a procesos de digitalización, innovación y capacitación digital de la población, potencia el desarrollo de servicios, el emprendimiento y el teletrabajo.

¿Qué herramientas digitales, mapas de datos o proyectos está impulsando la Secretaría para que los pequeños municipios puedan predecir el impacto de sus políticas territoriales?

FBA: Las políticas públicas efectivas deben ser un marco flexible que permita adecuarse a las complejidades de nuestros pueblos. Por lo tanto, debemos ser capaces de medir su impacto y para ello, la Estrategia tiene asociado un Observatorio para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, que ofrecerá una radiografía de cada territorio y, en consecuencia, se podrá diseñar o corregir acciones a la medida de los territorios.

A menudo se habla de la «España Vaciada» con un tono paternalista o pesimista. Desde una perspectiva que aúna urbanismo, territorio y tecnología, ¿cuál es hoy el mayor motivo para el optimismo?

FBA: En España tenemos 8.132 municipios y más del 80% de ellos tienen menos de 5.000 habitantes. Desde 2011 a 2017 se perdieron casi 400.000 pobladores y, en cambio, desde 2018, se ha revertido la tendencia y hemos aumentado en más de 437.000.

Nuestros pueblos no solo han crecido en población nacional y extranjera, sino que también lo han hecho en el número de personas ocupadas, especialmente mujeres, además, podemos hablar de mayor conectividad, empleo y emprendimiento. Aunque aún hay mucho camino para reducir las brechas entre zonas urbanas y áreas rurales, podemos decir que estamos en la senda correcta.