Entrevista a Luís Martínez-Sicluna, FEMP

22.06.2026

Hoy tenemos el placer de presentaros a Luis Martinez-Sicluna, Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

Ha gestionado el urbanismo y la vivienda en una autonomía de gran complejidad técnica como es Madrid. ¿Cómo ha integrado esa experiencia ejecutiva en su actual responsabilidad de coordinar y defender los intereses de los ayuntamientos a escala nacional?

LMS: La experiencia de gestión enseña que el urbanismo y la vivienda no se resuelven solo con normas, sino con procedimientos claros, suelo disponible, licencias ágiles, financiación y seguridad jurídica.

Madrid es una realidad especialmente compleja, y esa experiencia me ha ayudado a trasladar a la FEMP una visión muy práctica: las políticas funcionan mejor cuando se diseñan pensando también en quienes deben aplicarlas.

A escala nacional, mi responsabilidad consiste en convertir esa experiencia en propuestas útiles para los municipios: simplificación administrativa, coordinación entre administraciones, apoyo técnico y defensa de un marco que permita a los ayuntamientos actuar con eficacia ante uno de los principales problemas sociales del país.

La actual Ley de Vivienda genera un nuevo escenario normativo. ¿Cómo equilibra la FEMP la necesidad de políticas estatales con la defensa de la autonomía local en materia de urbanismo?

LMS: La clave está en que una política estatal de vivienda no puede convertirse en una solución uniforme para realidades territoriales muy distintas. El Estado puede fijar objetivos generales, movilizar recursos y establecer instrumentos comunes. Pero el urbanismo se decide sobre suelo, barrios y necesidades reales. Ahí la autonomía local es imprescindible.

Desde la FEMP defendemos coordinación, no sustitución. Hace falta un marco compartido, pero construido con comunidades autónomas y ayuntamientos, porque son quienes conocen la capacidad real de desarrollo urbano y los obstáculos que frenan la puesta en marcha de nuevas viviendas.

La digitalización suele asociarse a grandes metrópolis. ¿Cómo trabaja la FEMP para que la digitalización urbana sea una herramienta real de igualdad en los pequeños municipios y no una nueva brecha burocrática o tecnológica?

LMS: La digitalización no puede ser un privilegio de las grandes ciudades ni una carga añadida para los municipios con menos medios. Lo que está en juego es que cualquier vecino, viva donde viva, pueda relacionarse con una administración local moderna, segura y eficaz.

La tecnología debe servir para agilizar trámites, mejorar la gestión de los datos, proteger la información y acercar servicios. Para eso, la FEMP trabaja en red, con proyectos compartidos, herramientas comunes y acompañamiento técnico: EDINT, la Red Española de Oficinas del Dato o MATRIX en protección de datos.

La igualdad digital consiste en que la innovación ayude también al municipio pequeño. Que acorte distancias entre territorios, no que abra una nueva brecha.

¿En qué medida la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) actúa hoy como el principal motor de transferencia de innovación desde la FEMP hacia el resto de municipios?

LMS: El papel de la RECI es convertir la innovación local en conocimiento útil para otros municipios. Una ciudad inteligente no es una ciudad llena de dispositivos, sino una ciudad que usa la tecnología para mejorar servicios, gestionar mejor los datos, reducir desigualdades y facilitar la vida de los ciudadanos.

La RECI aporta ese valor: cooperación entre ciudades, colaboración público-privada, estándares comunes, intercambio de buenas prácticas y proyectos compartidos. Así, una solución que nace en un municipio no queda aislada, sino que puede adaptarse a otros territorios.

Ese es el sentido de trabajar en red: evitar proyectos dispersos y transformar la experiencia local en capacidad colectiva.

Muchos pequeños municipios carecen de arquitectos o técnicos de IT en plantilla. ¿Qué mecanismos de asistencia técnica está impulsando la FEMP para que no se queden atrás en la modernización?

LMS: El problema es real: muchos municipios pequeños no pueden disponer por sí solos de todas las capacidades técnicas que hoy exige la gestión pública. Pero la modernización no puede depender del tamaño del ayuntamiento. Detrás de cada trámite hay un ciudadano que espera un servicio eficaz, viva donde viva.

La respuesta de la FEMP pasa por cooperación y economías de escala: EDINT y la Red Española de Oficinas del Dato ofrecen asesoramiento y servicios comunes; la Central de Contratación simplifica la adquisición de suministros y servicios con garantías jurídicas y técnicas.

La asistencia técnica debe servir precisamente para eso: que ningún municipio quede fuera de la modernización por falta de medios propios.

La FEMP no es solo tecnología; es también el motor de la Agenda Urbana. ¿De qué manera están ayudando a los municipios a transformar sus espacios públicos para hacerlos más resilientes al cambio climático y más accesibles para una población cada vez más envejecida?

LMS: La FEMP ayuda a los municipios desde una idea sencilla: el espacio público tiene que adaptarse a una sociedad más envejecida y a los efectos del cambio climático. Lo hacemos a través de nuestras redes, especialmente la Red Española de Ciudades por el Clima, que impulsa proyectos, herramientas y buenas prácticas en mitigación y adaptación. También promovemos la accesibilidad universal como criterio transversal: física, cognitiva y sensorial.

No hablamos solo de grandes obras. Hablamos de movilidad más segura, aumento de las zonas peatonales, zonas verdes, eficiencia energética, servicios próximos y entornos urbanos inclusivos.

Una ciudad resiliente y accesible es, ante todo, una ciudad que permite vivir mejor.

¿Es posible una digitalización real sin reformar la financiación local, especialmente cuando los ayuntamientos asumen cada vez más competencias impropias tecnológicamente exigentes?

LMS: No plenamente. Puede haber proyectos, convocatorias y avances concretos, pero una digitalización real exige financiación estable. La tecnología no se implanta una vez y se deja funcionar. Requiere personal formado, mantenimiento, ciberseguridad, protección de datos, actualización de sistemas y capacidad para transformar la organización interna.

Los ayuntamientos están asumiendo servicios cada vez más complejos, muchas veces sin financiación proporcionada. Si queremos que la digitalización mejore la vida de los ciudadanos y no sea solo una obligación más, debe formar parte de la reforma del sistema de financiación local.

Modernizar sin recursos suficientes acaba generando desigualdad entre municipios.

¿Considera que necesitamos una nueva Ley de Bases de Régimen Local que reconozca por fin la ‘competencia digital’ como una obligación básica de los ayuntamientos?

LMS: Sí, pero no bastaría con añadir una competencia más al catálogo. La administración digital ya forma parte del servicio público local: expediente electrónico, ciberseguridad, protección de datos, contratación pública electrónica, interoperabilidad, atención ciudadana e inteligencia artificial.

Si se revisa la Ley de Bases, debería reconocer esta dimensión como una capacidad estructural de los ayuntamientos, con competencias claras, financiación suficiente y asistencia supramunicipal, especialmente para los municipios pequeños.

De lo contrario, se corre el riesgo de convertir un derecho de los ciudadanos en una carga desigual para los municipios. La competencia digital debe formularse como garantía de igualdad territorial, no como una nueva obligación sin medios.