Entrevista a Jorge Fernández-Portillo Pardo de Donlebún, FAEC

Jorge Fernández-Portillo Pardo de Donlebún

Hoy tenemos el placer de presentaros a Jorge Fernández-Portillo Pardo de Donlebún, Secretario General de la organización empresarial del sector de la construcción en la provincia de Cádiz (FAEC) Secretario General de la regional de construcción de Andalucia, FADECO CONTRATISTAS, miembro del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

Como economista de formación, ¿cuál fue el factor determinante que te llevó a vincular tu carrera de forma tan estrecha a la gestión institucional del sector de la construcción y, en una visión más amplia, al ecosistema inmobiliario y urbanístico?

JFP: Probablemente mi formación económica tuvo mucho que ver, porque siempre me ha interesado entender cómo funcionan los sectores que realmente impactan en la economía real, en el empleo y en el territorio. Y pocos sectores tienen esa capacidad transformadora como la construcción.

Con el tiempo descubrí además algo que me sigue motivando mucho: detrás de cada debate aparentemente técnico hay decisiones que afectan de verdad a empresas, trabajadores y ciudadanos. Infraestructuras, vivienda, planificación, inversión… todo eso acaba teniendo consecuencias muy tangibles. Y la gestión institucional te permite precisamente trabajar en ese punto donde se cruzan empresa, administración e interés general. A mí ese espacio me resulta especialmente estimulante.

Coordinas los intereses de ocho provincias en FADECO Contratistas. ¿Cómo se logra una voz unificada ante retos tan diversos como las necesidades de inversión en infraestructuras, la actividad edificatoria o las distintas dinámicas económicas y territoriales que conviven en Andalucía?

JFP: Escuchando mucho.

Andalucía es muy diversa y cada territorio tiene sus particularidades, pero cuando profundizas descubres que muchos de los grandes retos son comunes: seguridad jurídica, contratación pública eficiente, falta de mano de obra, necesidad de modernización, presión regulatoria o necesidad de inversión productiva.

La clave está en entender que representar no es uniformar, sino construir posiciones compartidas desde sensibilidades distintas. Y en ese sentido FADECO CONTRATISTAS tiene una enorme fortaleza: mucho conocimiento acumulado del territorio y un diálogo permanente con las empresas.

Desde tu óptica regional como secretario general de FADECO Contratistas, y también desde tu conocimiento directo del mercado inmobiliario por tu relación constante con los promotores en la provincia de Cádiz, ¿consideras que la LISTA ha cumplido su promesa de agilizar los procesos vinculados al desarrollo urbanístico y edificatorio en Andalucía, o la inercia burocrática sigue limitando su potencial?

JFP: Creo que la LISTA supuso un avance en cuanto a planteamiento y voluntad reformadora, y eso hay que reconocerlo.

Ahora bien, una cosa es el marco normativo y otra su aterrizaje real. La sensación que sigue existiendo en muchos casos es que los tiempos administrativos continúan siendo excesivos y que determinadas inercias no se corrigen solo con una nueva ley.

<El sector necesita seguridad jurídica, sí, pero también agilidad, homogeneidad
interpretativa y capacidad de gestión en las administraciones>

Porque una buena norma que no se traduce en resultados prácticos se queda a medio camino.

La seguridad jurídica se ha consolidado como una de tus principales reivindicaciones para el sector. Desde la perspectiva de la actividad constructora —y también del impacto que esto tiene en toda la cadena de valor inmobiliaria—, ¿qué falta para que el marco regulatorio se convierta en un verdadero factor de certidumbre para la inversión?

JFP: Falta estabilidad, previsibilidad y, en algunos casos, más sentido práctico.

La seguridad jurídica no es una reivindicación corporativa del sector; es una condición básica para que alguien decida invertir, contratar, planificar o asumir riesgos empresariales razonables.

Cuando los marcos regulatorios cambian con frecuencia, las interpretaciones no son homogéneas o los procedimientos se eternizan, lo que generas no es prudencia, sino bloqueo. Y eso afecta a toda la cadena de valor.

Desde tu rol como secretario general de ASPRICA en la provincia de Cádiz, además de tu visión sectorial desde FADECO Contratistas, ¿qué opinión te merece la flexibilización de los cambios de uso (de local o nave a residencial) y qué retos plantea esta tendencia para el equilibrio urbano y la generación de oferta?

JFP: Creo que, ante una situación de déficit de vivienda como la que vivimos, debemos estar dispuestos a explorar con pragmatismo todas aquellas herramientas que permitan generar oferta de forma ágil y razonable. Y los cambios de uso, bien regulados y técnicamente justificados, pueden formar parte de esa respuesta.

A veces da la sensación de que abordamos el problema de la vivienda desde una lógica excesivamente restrictiva, cuando la magnitud del reto exige también cierta capacidad de adaptación normativa. Si existen activos infrautilizados o espacios susceptibles de reconversión con garantías, tiene sentido analizarlos como oportunidad.

Evidentemente, esto debe hacerse con criterio, preservando estándares de calidad, habitabilidad y coherencia urbana. Pero sinceramente, creo que en el contexto actual debemos poner más foco en facilitar soluciones que en acumular bloqueos. El principal problema hoy no es el exceso de oferta; es justamente el contrario.

¿Qué papel real están desempeñando la industrialización, el PropTech y la digitalización en la transformación actual del sector constructor, tanto desde el punto de vista productivo como en la relación con la Administración y la gestión de autorizaciones y licencias?

JFP: Están jugando un papel relevante, pero creo que conviene hablar de esto con realismo.

La industrialización no es una moda ni un eslogan; responde a necesidades muy concretas del sector: productividad, calidad, seguridad, sostenibilidad y también atracción de talento.

Con la digitalización ocurre algo parecido. Hay avances muy interesantes, pero todavía queda recorrido para que esa transformación se traduzca plenamente en relaciones más ágiles con la administración o en procesos realmente simplificados.

<Estamos avanzando, sí. Pero todavía estamos en una fase de transición, no de llegada>

En un entorno financiero que prima la sostenibilidad, ¿cómo puede el tejido de pequeñas y medianas empresas constructoras integrar los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) como parte estructural de su estrategia empresarial sin perder competitividad?

JFP: Lo primero es entender que esto no debería vivirse solo como una imposición o una exigencia externa.

Bien planteado, ESG también significa eficiencia, mejor gestión del riesgo, mejor reputación y mayor capacidad competitiva.

El reto para las pymes está en que esa transición sea realista y proporcionada. No podemos exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a una gran corporación. Por eso hacen falta acompañamiento, herramientas prácticas y una regulación que incentive de verdad, no que simplemente traslade carga burocrática.

Mirando hacia la próxima década, y desde tu doble perspectiva como secretario general de FADECO Contratistas y, en la provincia de Cádiz, también en contacto directo con el ámbito promotor a través de FAEC, ¿qué modelo de desarrollo territorial y urbano crees que debería consolidarse en España?

JFP: Un modelo equilibrado, ambicioso y menos bloqueado.

Necesitamos ciudades y territorios capaces de crecer con planificación, con mejores infraestructuras, con acceso a vivienda, con sostenibilidad entendida de forma inteligente y con actividad económica compatible con la calidad de vida.

A veces tengo la sensación de que en España debatimos mucho sobre qué no se puede hacer y menos sobre cómo hacer bien las cosas.

Y creo sinceramente que el reto de la próxima década pasa precisamente por eso: recuperar capacidad de ejecución, planificación a largo plazo y una visión menos cortoplacista.

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