Entrevista a María Teresa Verdú Martínez, Agenda Urbana y Arquitectura

14.09.2026

Hoy tenemos el placer de presentaros a María Teresa Verdú Martínez, Técnico Urbanista, Arquitecta de la Hacienda Pública; máster en Urbanismo y Estudios Territoriales por la UIMP y en Gestión Pública Directiva por el INAP. Directora General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La Agenda Urbana Española marca una hoja de ruta estatal. En un contexto donde las competencias están ampliamente descentralizadas, ¿cómo se está articulando desde su Dirección General la cooperación entre administraciones para que esa hoja de ruta no se quede solo en alineación estratégica, sino que tenga efectos reales en la implementación?

MTV: La principal fortaleza de la Agenda Urbana es haber convertido los grandes objetivos globales en herramientas concretas para la acción local. En un país como España, donde las competencias están ampliamente descentralizadas, la cooperación entre administraciones es imprescindible para que esos objetivos se traduzcan en actuaciones reales.

Los avances son significativos: más de 500 entidades locales, que representan a más de la mitad de la población española, han desarrollado o están desarrollando sus Agendas Urbanas o Planes de Acción Local. A ello se suma el trabajo de varias comunidades autónomas, que están adaptando este enfoque a sus propios territorios, y pronto lo harán también nuestras áreas metropolitanas.

Y esta experiencia está teniendo también un reconocimiento internacional. En julio de este año tuve la oportunidad de acompañar a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, junto al secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, para dar a conocer la experiencia de España en materia de vivienda y agenda urbana. Allí la ministra defendió la necesidad de situar la vivienda y las políticas urbanas “en el centro” de la agenda global para avanzar hacia ciudades y territorios más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y, de cara a este tramo final hacia 2030, puso el acento en la necesidad de reforzar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre administraciones para seguir impulsando la Nueva Agenda Urbana a nivel internacional.

Y es que hoy la implementación de la Agenda Urbana Española es una realidad de éxito en España. Porque una agenda urbana solo tiene sentido cuando es capaz de ir más allá de las estrategias y los documentos y de transformar la vida cotidiana de las personas, en sus ciudades, pueblos, barrios y territorios.

Ese es precisamente el objetivo de nuestro trabajo: que la Agenda Urbana no se quede en una estrategia, sino que ayude a mejorar la vida de la gente y a construir territorios más habitables, inclusivos y sostenibles.

Declarar la arquitectura como un bien de interés general es un hito legislativo innegable, pero el sector a menudo teme que estos redactados se queden en el plano aspiracional. ¿qué cambios concretos cree que ya se están percibiendo en la práctica profesional o en la toma de decisiones públicas desde su aprobación?

MTV: La Ley de Calidad de la Arquitectura ha permitido dar pasos muy concretos para situar la arquitectura en el centro de las políticas públicas. Un ejemplo reciente es la constitución del Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura, que reúne a administraciones, universidades, colegios profesionales, empresas y sociedad civil para asesorar e impulsar la calidad arquitectónica en ámbitos tan relevantes como la contratación pública o la mejora del entorno construido.

A ello se suma el impulso de la Casa de la Arquitectura, museo que pertenece a la red de museos estatales, que busca mejorar el conocimiento de la arquitectura como parte integrante de los valores de nuestra sociedad.

Además, la Ley contempla la elaboración de la Estrategia Nacional de Arquitectura, como herramienta de gobernanza para la implantación y seguimiento de los objetivos de la Ley. Esta estrategia se enmarcará en la Agenda Urbana Española, incorporándose como una de sus líneas de acción.

Pero quizá el cambio más importante es cultural. Cada vez existe un mayor consenso en que la arquitectura no es solo una cuestión técnica o edificatoria, sino una herramienta para responder a retos tan importantes como el acceso a la vivienda, la sostenibilidad, la cohesión social o la calidad de nuestros espacios urbanos.

Por eso, estamos promoviendo que la inversión pública no se mida únicamente en número de edificios construidos, sino también en los entornos que generamos. La arquitectura debe estar al servicio del interés general, combinando innovación, sostenibilidad, belleza y funcionalidad para mejorar nuestros pueblos, ciudades y territorios.

En los últimos años hemos visto cómo los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de grandes ciudades decaían en los tribunales por defectos de forma. ¿Qué herramientas de seguridad jurídica o reformas normativas estatales se plantean para evitar esta parálisis urbanística?

MTV: La experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto un problema grave: planes urbanísticos muy complejos, tramitados durante años, han sido anulados íntegramente por defectos formales subsanables. Esto genera una enorme inseguridad jurídica, provoca la vuelta a planeamientos obsoletos y puede paralizar actuaciones en vivienda, regeneración urbana o actividad económica.

Se hace necesario una reforma de la legislación que permita corregir esta situación, compatibilizando garantías y seguridad jurídica, favoreciendo planes más estables, actualizados y eficaces, y evitando que cuestiones meramente formales acaben bloqueando el desarrollo de nuestras ciudades y territorios.

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de esta reforma, compartido por urbanistas, arquitectos, profesionales del sector privado y de la academia, y también por Administraciones autonómicas y locales. Todos convergemos en la necesidad de evolucionar la naturaleza de nuestros instrumentos de planeamiento, para que puedan dar respuesta de manera más flexible a las necesidades actuales en cuanto a resiliencia, sostenibilidad, movilidad, regeneración urbana, etc.

La digitalización ha entrado con fuerza en el ámbito de la arquitectura y la gestión urbanística, con herramientas como BIM, los gemelos digitales o la inteligencia artificial aplicada a la tramitación. ¿En qué medida están logrando estas tecnologías cambiar no solo los procesos, sino también la cultura administrativa?

MTV:

Tradicionalmente, muchos procesos en arquitectura y urbanismo se han desarrollado de forma fragmentada. Herramientas como BIM, los gemelos digitales o la inteligencia artificial permiten trabajar con información compartida, trazable y actualizada en tiempo real, lo que favorece una administración más coordinada, más predictiva y eficiente.

Desde la Dirección General estamos incorporando esta visión en distintas iniciativas. La transposición de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios prevé instrumentos como el registro digital del edificio o los gemelos digitales, que facilitarán una mejor gestión de la información a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio.

Pero quizás donde mejor se aprecia esta transformación es en la industrialización de la construcción. El PERTE para la Industrialización de la Vivienda sitúa la digitalización como una condición indispensable para avanzar hacia procesos más precisos, colaborativos y estandarizados. La metodología BIM, las plataformas digitales compartidas y la gestión avanzada de datos son herramientas que permiten reducir errores, mejorar la coordinación y tomar decisiones con más evidencia.

En definitiva, estamos pasando de una cultura basada en procedimientos a otra basada en datos, colaboración e innovación, y ese cambio va a ser tan importante como la propia tecnología.

Con la revisión de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios, se abre un nuevo ciclo de exigencias para el parque construido. ¿Cómo se está abordando desde su Dirección General la adaptación del Código Técnico de la Edificación a este nuevo escenario, y qué horizonte realista se maneja para su implementación?

MTV: La revisión de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) representa una gran oportunidad para modernizar nuestro parque edificado y avanzar hacia el objetivo europeo de neutralidad climática en 2050. Desde la Dirección General estamos abordando esta adaptación a través de dos herramientas: por un lado, el Plan Nacional de Renovación de Edificios, y por otro una revisión del Código Técnico de la Edificación, ambas enmarcadas en la iniciativa ARCE 2050, Arquitectura Cero Emisiones 2050.

Este trabajo de adaptación a la Directiva EPBD se ha desarrollado mediante un amplio proceso de colaboración con administraciones públicas y más de 800 agentes del sector, y ha dado lugar, entre otros resultados, a la propuesta de actualización del CTE.

La principal novedad es la incorporación de un nuevo Documento Básico de Sostenibilidad, que complementa las exigencias tradicionales de eficiencia energética con una visión más amplia de la sostenibilidad ambiental. Entre otros aspectos, incorpora el concepto de Edificio de Cero Emisiones, refuerza el aprovechamiento de energías renovables e introduce por primera vez el cálculo de la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio.

En estos momentos estamos analizando las alegaciones recibidas durante la información pública. Nuestro objetivo es culminar una transición ordenada, proporcionando al sector seguridad jurídica y tiempo suficiente para adaptarse a unas exigencias que marcarán la forma de construir durante las próximas décadas.

Los fondos Next Generation supusieron una inyección histórica para la rehabilitación energética. ¿Cuál es el balance de su impacto real y qué sucederá una vez que finalicen estos programas extraordinarios?

MTV: Los fondos Next Generation han supuesto un punto de inflexión para la rehabilitación en España. Gracias a ellos se han movilizado 3.420 millones de euros para la rehabilitación residencial, beneficiando a cerca de 285.000 hogares, y se ha impulsado la renovación energética de más de 600 edificios públicos mediante el programa PIREP, dotado con 1.080 millones de euros.

Pero quizá el impacto más importante no es solo cuantitativo. Hemos conseguido situar la rehabilitación en el centro de las políticas públicas, profesionalizar el sector, crear capacidades administrativas y demostrar a ciudadanos y comunidades de propietarios que rehabilitar no solo reduce las facturas energéticas, sino que contribuye al bienestar y salud de los habitantes.

Ahora bien, somos conscientes de que la rehabilitación no puede depender de programas extraordinarios. Por eso estamos trabajando para consolidar esa dinámica a largo plazo. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una dotación prevista de 7.000 millones de euros, reserva un tercio de sus recursos a la rehabilitación de edificios y regeneración de barrios.

Asimismo, el Plan Social por el Clima, en información pública, incorporará 9.000 millones de euros para luchar contra la pobreza energética en la movilidad y la vivienda.

El objetivo es claro: que el fin de los fondos Next Generation no suponga el fin de la rehabilitación, sino la consolidación definitiva de una política estructural de país.

La rehabilitación del parque edificatorio sigue siendo uno de los grandes retos estructurales en España, tanto por volumen como por ritmo de intervención. Desde su experiencia en políticas de vivienda, ¿qué factores cree que son hoy los más determinantes para pasar de actuaciones puntuales a un modelo sostenido en el tiempo?

MTV: La rehabilitación del parque edificatorio debe dejar de entenderse como una suma de actuaciones aisladas para convertirse en una política estructural y sostenida en el tiempo. Para lograrlo, el Plan Nacional de Renovación de Edificios incorpora 7 políticas de la renovación, un conjunto de 57 medidas y más de 200 actuaciones, en las que se incluyen acciones concretas sobre financiación, regulación, sensibilización social, formación, innovación e industrialización que aumenten la capacidad del sector.

Hay varios factores clave que me gustaría destacar:

En primer lugar, la simplificación de los procedimientos administrativos, reduciendo cargas, eliminando duplicidades y facilitando la tramitación de los proyectos. La complejidad sigue siendo una de las principales barreras para escalar la rehabilitación.

Además, es fundamental contar con mecanismos estables de financiación, combinando ayudas públicas con instrumentos financieros innovadores que permitan movilizar inversión privada y dar continuidad al esfuerzo realizado en los últimos años. En este sentido, también resulta esencial reforzar la gobernanza y la colaboración público-privada, alineando a administraciones, sector financiero, empresas y profesionales en torno a objetivos comunes y marcos de actuación compartidos.

Otro elemento determinante es el acompañamiento técnico. La consolidación de las oficinas de rehabilitación y de figuras como el agente rehabilitador, facilitan la gestión de procesos complejos y mejoran la capacidad de ejecución.

La descarbonización total del parque edificado para 2050 es la gran meta de la UE. Para cerrar, ¿cómo se van a traducir estos objetivos normativos tan ambiciosos en mejoras tangibles para el día a día y el bolsillo del ciudadano de a pie?

MTV: La descarbonización del parque edificado no es solo un objetivo climático o normativo; es una oportunidad para mejorar de forma muy concreta la calidad de vida de las personas. Lo que perseguimos es que los ciudadanos vivan en viviendas más eficientes, más sostenibles y que les permitan desarrollar su proyecto vital en buenas condiciones de habitabilidad.

Las mejoras más tangibles se producirán, en primer lugar, en el ámbito económico. Las actuaciones previstas permitirán reducir significativamente el gasto energético de los hogares, con un ahorro medio estimado de unos 505 euros al año por vivienda y un ahorro acumulado superior a los 5.500 millones de euros hasta 2030.

También tendrán un impacto directo en la salud y en las condiciones de habitabilidad. La rehabilitación energética mejora el confort térmico y la calidad del aire interior, y permite que las viviendas respondan mejor tanto a los episodios de frío como a las olas de calor. De hecho, en determinados casos se prevén reducciones de temperatura interior de entre 5 y 7 grados durante episodios extremos de calor.

Por último, esta transformación tendrá efectos positivos sobre la economía y el empleo, impulsando la actividad del sector de la construcción y de la rehabilitación. En definitiva, hablamos de una transición que no solo reduce emisiones, sino que mejora la calidad del parque edificatorio y fortalece la resiliencia social y económica de nuestros territorios.